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¿SE PUEDEN ACORDAR DILIGENCIAS FINALES EN EL JUICIO VERBAL?
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¿Se pueden acordar diligencias finales en el juicio verbal?.


La postura inicialmente preponderante en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales realizaba una interpretación estricta de la LEC señalando que su ubicación sistemática en el capítulo IV del título II referente al juicio ordinario, ponen de relieve la intención del legislador de excluirlas expresamente del juicio verbal que está contemplado en el título III. Si el legislador hubiese querido que las mismas resultaran de aplicación en el juicio verbal las habría incluido también al regular dicho procedimiento, o podría no las habría incluido dentro de los preceptos reguladores del juicio ordinario y las habría incluido dentro de las disposiciones generales de la LEC aplicables tanto al procedimiento ordinario como al verbal.
Señala Arsuaga Cortázar: "Si las diligencias finales se han incorporado exclusivamente en la regulación del juicio ordinario de la nueva LEC no puede pensarse que haya sido por simple descuido, olvido o falta de prudencia. Al contrario, parece premeditada la previsión que permite su utilización exclusivamente en dicho ámbito, pues pudiendo el legislador extender genéricamente su aplicación en sede de Disposiciones Generales o concretamente al regular el juicio verbal o los distintos procesos especiales —como lo son los referidos a los procesos matrimoniales y de menores (arts. 769 a 778)—, no lo ha hecho. Su limitación es acorde con el espíritu del legislador, cuya nota de excepcionalidad, como ya he dicho, se deduce del preámbulo de la LEC". También se ha considerado que el proceso verbal , al regirse por los principios de concentración y rapidez, difícilmente se hace compatible con aquéllas. Propugnando muchos autores, para resolver los problemas que se suscitan, cuando la necesidad probatoria resulta de las actuaciones de la vista, acudir a la figura de la interrupción o suspensión de aquélla en los términos de los arts. 188 y 193.1.2.º.

La segunda postura, que va siendo mayoritaria en la actualidad, se muestra favorable a la admisión de diligencias finales en el juicio verbal, entendiendo que su aplicación debe hacerse con un criterio amplio y a fin de posibilitar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido constitucionalmente; en este sentido como señala Carreras Maraña, "no parece admisible que por una mera interpretación literal se pueda llegar a la conclusión de que en un proceso no se pueden hacer determinadas pruebas que resultan fundamentales para obtener la convicción judicial. Lo importante es llegar a obtener la verdad material y la plena convicción en la resolución del proceso y una mera ubicación sistemática inadecuada del precepto, no puede evitar conseguir este fin último de la tutela efectiva". Otro argumento a favor de esta tesis es que la no admisión de las diligencias finales en juicio verbal deja vacío de contenido en las apelaciones de juicios verbales la previsión del art. 460. 2.2.ª de la LEC que contempla uno de los motivos para solicitar prueba en la segunda instancia cuando se trata de medios probatorios propuestos y admitidos que no hubieran podido practicarse, ni siquiera como diligencias finales.

Sentencias de las Audiencias Provinciales favorables a la admisión:

SAP de Málaga, Sección 6.ª, de 7 de marzo de 2007 que señala: "...al estar aceptado prácticamente por la mayoría de la doctrina la posibilidad de acordar diligencias finales en el Juicio Verbal aun cuando en su regulación así expresamente no se prevea y sí sólo para el Juicio Ordinario..."

SAP de Vitoria, Sección 2.ª, de 1 de julio de 2004 que indica: "Aunque el precepto está encuadrado en el título dedicado al juicio ordinario no existe problema, y así lo ha entendido la jurisprudencia menor, para que las diligencias finales se dicten en juicios verbales, en aquellos casos en que el juzgador considere que las pruebas practicadas no son suficientes para el esclarecimiento de los hechos o, como en el presente caso, considere necesario el dictamen de un perito objetivo, nombrado por el juzgado, que emita un dictamen diferente y contrastado con el presentado por la parte".

SAP de Salamanca, Sección 1.ª, de 17 de enero de 2007 que determina: "y sin olvidar asimismo que si bien la LEC no regula expresa y literalmente las diligencias finales en el juicio verbal, tampoco hay ningún precepto que las prohíba ni expresa, ni literalmente, aunque sí se prohíbe y nada menos que por la CE en su art. 24.1 la producción de indefensión de ningún tipo".

SAP de Toledo, Sección 2.ª, de 2 de octubre de 2006 que nos dice: "Quizás no hubiera sido preciso el interrogatorio puesto que la documental y la rebeldía permitían dictar sentencia sin más, pero no puede tildarse la diligencia de indefensión para el demando recurrente porque a lo que atendía era a garantizar, no a completar la prueba (audita parte)".

AP Salamanca, Sec. 1.ª, 12/2007, de 17 de enero de 2.007 que señala: “... sin olvidar asimismo que si bien la LEC no regula expresa y literalmente las diligencias finales en el juicio verbal, tampoco hay ningún precepto que las prohíba ni expresa, ni literalmente, aunque si se prohíbe y nada menos que por la CE en su art. 24.1 la producción de indefensión de ningún tipo...”

Sentencias del Tribunal Supremo.

TS, Sala Primera, de lo Civil, 1072/2008, de 12 de noviembre. Recurso 813/2005. Ponente: XAVIER OCALLAGHAN MUÑOZ.:
“...La segunda, porque, como se dice en aquel auto, podía haberse pedido y practicado como diligencias finales, ya que el artículo 435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las contempla para el juicio ordinario, pero teniendo en cuenta la norma constitucional del artículo 24 de la Constitución Española que proscribe la indefensión, se deben admitir tanto para el juicio verbal, que no prevé pero tampoco prohibe el artículo 447...”

A la vista del criterio expresado por esta última sentencia entendemos que existe un fundado apoyo jurisprudencial garantista del derecho a la tutela judicial efectiva a la hora de mantener y solicitar la práctica de diligencias finales cuando fueran menester en el juicio verbal.

Agosto 2010.

Pablo Vigo López (abogado).

Enviado el: 17/10/2010 15:24
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RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DE LA VIVENDA CEDIDA POR POR LOS PADRES A SU HIJO
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RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DE LA VIVENDA CEDIDA POR POR LOS PADRES A SU HIJO EN CASOS DE CRISIS MATRIMONIAL.


Situación conflictiva: Padres que dejan de forma gratuita el piso de su propiedad a un hijo al casarse, ocurriendo después la separación o el divorcio con atribución por sentencia judicial del uso al otro cónyuge o bien a los hijos cuya custodia tiene ese cónyuge, es decir, al que es simplemente yerno o nuera de los propietarios. El problema que se plantea si los padres cedentes quieren recuperar la posesión de su vivienda.

Sobre la naturaleza del negocio jurídico que supuso esa cesión de la vivienda se dan las siguientes opiniones:

1ª.- Tesis a favor del comodato.

Se considera que se ha cedido la vivienda con un fin concreto (la residencia del matrimonio y de sus descendientes o dicho de otro modo: servir de habitación a la familia) y que hasta que el mismo no haya concluido no se podrá reclamar, tratándose de un uso que no finaliza por la ruptura conyugal, por lo que no puede el comodante reclamarla a su voluntad por aplicación del artículo 1749. ). Se considera que la finalidad para la cual se prestó la vivienda, la necesidad familiar, persiste a pesar de la crisis conyugal que desembocó en separación o el divorcio de la pareja. La vivienda continúa cumpliendo el fin inicial de servir de alojamiento para la familia, aunque la familia esté ahora formada por el ex cónyuge o por este y sus descendientes. Según esa tesis, y como consecuencia de la calificación de la cesión como comodato del artículo 1740 CC, los padres no podrán recuperar la vivienda en tanto no concluya el uso para el que se prestó, salvo que justifiquen una situación de urgente necesidad según el artículo 1749 CC. En las sentencias dictadas en estos procesos de familia no se dice cuando finalizará el plazo de adjudicación del uso de la vivienda lo que supone una indefinición en la duración del comodato. En concreto ¿la devolución tendrá lugar cuando fallezca el cónyuge que tiene atribuido el uso? ¿cuándo pase a vivir con un tercero? ¿cuándo tenga otro inmueble a su disposición o medios para sufragarlo? O, por decir otro ejemplo, ¿será cuando el descendiente/s se independicen en el futuro?..Este criterio del precario fue adoptado entre otras por la criterio contenido en STS 2 de diciembre de 1992 ( RJ 1992, 10250).

2ª.- Tesis a favor de la constitución de un derecho real oponible a terceros.

La atribución por el juez al ex cónyuge del uso de la vivienda en situación de crisis matrimonial constituye un derecho asimilable a los derechos reales (una especie de derecho real familiar de uso) oponible a terceros, así se afirmó en STS 18.10.1994, RJ 1994, 7722.

3ª.- Tesis a favor del precario.

Estamos ante un precario cuando no existe título y no se paga renta, que son los requisitos que siempre ha exigido la doctrina, de tal manera que la cesión era una simple posesión consentida y que, en cualquier momento, podía el titular del derecho pedir la devolución del piso.

Según esta tesis podrían los padres reclamar la vivienda a través de un juicio de desahucio por precario sin ser un obstáculo la existencia de una sentencia previa que atribuye el uso de la vivienda familiar al yerno o nuera.



Criterio jurisprudencial actual del Tribunal Supremo:

TS, Sala Primera, de lo Civil, 443/2010, de 14 de julio Recurso 1741/2005. Ponente: ROMAN GARCIA VARELA.

“...Las sentencias más recientes dictadas por esta Sala han abandonado la tesis de las sentencias invocadas por la recurrente en el primer motivo como fundamentadoras del interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Además, esta nueva jurisprudencia ha unificado la doctrina de las Audiencias Provinciales, por lo que tampoco existe ya el interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales que se aduce en el segundo motivo.
Así, la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2005 (y a partir de ella otras muchas, como las de 30 de junio y 22 de octubre de 2009, entre las más recientes), puso de manifiesto, para resolver conflictos como el ahora planteado, la necesidad de analizar cada caso concreto para definir si ha existido o no un contrato entre las partes, y particularmente un contrato de comodato, caracterizado por la cesión gratuita de la cosa por un tiempo determinado o para un uso concreto. En tal caso, se deberán aplicar las normas reguladoras de este negocio jurídico. Sin embargo, en el supuesto de que no resulte acreditada la existencia de esta relación jurídica, se debe concluir que estamos ante la figura del precario, lo que conlleva que el propietario o titular del inmueble podrá, en cualquier momento, reclamar su posesión. En este último caso, y frente a la posible reclamación de su propietario, no podrá oponerse la atribución del uso de la vivienda que haya sido establecido en el ámbito de un procedimiento de familia. Tal y como indica la sentencia del pleno de la Sala de 18 de enero de 2010 (recurso 1994/2005 ), " Cuando se trate de terceros propietarios que han cedido el inmueble por razón del matrimonio, salvo que exista un contrato que legitime el uso de la vivienda, la relación entre los cónyuges y el propietario es la de un precario. Debe enfocarse el tema desde el punto de vista del derecho de propiedad y no del derecho de familia, porque las consecuencias del divorcio/separación no tienen que ver con los terceros propietarios". Sigue diciendo la sentencia, como ya se avanzó, que "esta solución ha sido mantenida por la jurisprudencia desde la sentencia de 26 diciembre 2005 ". Esta jurisprudencia ya reiterada ha vuelto a ratificarse en otra sentencia del Pleno de esta Sala, esta vez de fecha 14 de enero de 2010 (recurso 5806/2000).
TERCERO .- En definitiva, la atribución del uso de la vivienda por sentencia dictada en el ámbito de un procedimiento de familia no puede constituir un título jurídico hábil para justificar la posesión que resulte oponible a terceros ajenos a las relaciones surgidas por el matrimonio y por el procedimiento matrimonial, ni permite reconocer al beneficiario una posición jurídica y una protección posesoria de vigor jurídico superior al que la situación de precario proporciona a la familia, pues ello entrañaría subvenir necesidades familiares, desde luego muy dignas de protección, con cargo a extraños al vínculo matrimonial y titulares de un derecho que posibilita la cesión del uso de la vivienda.
En la proyección de la anterior doctrina al caso que se examina, resulta que la sentencia recurrida consideró, en esencia, que la relación jurídica que vinculaba a la demandante y a la demandada era la propia de una situación de precario. Dicha calificación la funda la Audiencia, tras el examen de la prueba practicada, en que el uso no se pactó por tiempo concreto, ni se satisfizo pago alguno como consecuencia de la ocupación de la vivienda, lo que permite concluir a la Audiencia que la actora se limitó a ceder una vivienda de su propiedad para que fuera ocupada por su hijo y su familia, situación que califica como precario, con la consecuente facultad de la actora de reclamar la vivienda a su voluntad.
Por tanto, la solución que ofrece la sentencia recurrida se ajusta al criterio de esta Sala y debe ser mantenida en casación. La Audiencia no ha tenido por acreditada la concurrencia de las notas definitorias del préstamo de uso, por lo que califica la relación entre las partes como una mera situación de precario. A su vez, tal calificación no se ve alterada por el hecho de que, tras la muerte del esposo de la actora y como consecuencia de la división de su herencia y la previa disolución de la sociedad de gananciales, resulte ser propietaria ahora la demandante de la mitad indivisa del inmueble y usufructuaria de la otra mitad, pues tal circunstancia no altera el título en virtud del cual la demandada viene usando y disfrutando del inmueble, a lo que se debe añadir, tal y como indica la Audiencia, que en el momento en el que se cedió la vivienda la actora era la única propietaria. En definitiva, la actora cedió la vivienda a su hijo para que constituyese su hogar familiar, pero no consta su voluntad de renunciar a recuperarla mientras constituyese el domicilio de la familia. En este sentido, no se dan los elementos característicos del comodato, por lo que la posesión de la vivienda por la demandada lo es a título de precario.
Como conclusión, debe insistirse en que no constituye título hábil de oposición la atribución judicial del derecho de uso de la vivienda a la ex esposa demandada, que es inoponible frente a terceros ajenos a las relaciones entre los cónyuges y al proceso matrimonial en el que son partes...”



A la vista del contenido de la sentencia y de las citadas por ella, vemos que el Tribunal Supremo ha optado definitivamente por la tesis del precario; con la matización de que deja abierta una puerta a que pueda estimarse la existencia de un comodato si tras analizar el caso concreto, de la prueba resulta acreditada la existencia de un contrato de comodato entre las partes caracterizado por la cesión gratuita de la cosa por un tiempo determinado o para un uso concreto. Y nos preguntamos, si se estima que existió el comodato ¿volvemos a la tesis expuesta del comodato y los problemas que plantea de temporalidad? o en cambio, ¿se estimaría que se trató de un comodato pero la ruptura matrimonial lo convirtió en precario? y, este último caso, cabe la recuperación posesoria por los titulares del inmueble, esta era la tesis que se sostenía en STS de 26 de diciembre de 2005 en la que el tribunal parecía optar por el criterio que establece que es la ruptura matrimonial la que provoca que el cónyuge se encuentre en una situación de precario aunque previamente se estimase existente un comodato, sin que la sentencia de separación o divorcio pueda otorgar derecho alguno contra los propietarios del inmueble.

Agosto 2010.

Pablo Vigo López (abogado).

Enviado el: 17/10/2010 10:49
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Derecho a la información sobre las actuaciones judiciales.
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Derecho a la información sobre las actuaciones judiciales, libros, archivos y registros (Art. 140 y 141 LEC).


Artículo 140. Información sobre las actuaciones

1. Los Secretarios Judiciales y personal competente al servicio de los tribunales facilitarán a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer. También podrán pedir aquéllas, a su costa, la obtención de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos.

2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedirán por el Secretario Judicial los testimonios que soliciten, con expresión de su destinatario.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138 .
Las actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole.

Artículo 141. Acceso a libros, archivos y registros judiciales
Las personas que acrediten un interés legítimo podrán acceder a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado y obtener, a su costa, testimonio o certificación de los extremos que indiquen.


La LEC fija en los art. 140 y 141 el régimen legal de publicación e información sobre las actuaciones judiciales

El artículo 140 LEC incluye dentro del ámbito de legitimación de personas que tengan derecho a acceder a la información del proceso no sólo a quienes son parte en el mismo sino también al tercero ajeno al proceso que acredite tener un interés legítimo.

La LOPJ dentro del concepto jurídico de “interesado” establece una serie de derechos para el tercero ajeno en lo relativo al acceso a documentación de la Oficina Judicial. El artículo 234 LOPJ ordena que se facilitará a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales; el artículo 235 LOPJ en donde se dispone que los interesados tendrán acceso a lo libros, archivos y registros judiciales; y el artículo 266 LOPJ que dispone que una vez las sentencias estén extendidas, firmadas y depositadas en la Oficina Judicial, se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas.

El artículo 5 del Reglamento 1/2005, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, señala la necesidad de que se acredite por parte del interesado un interés legítimo y directo, con esta matización se está precisando el concepto de “interesado” que no puede ser entendido con un criterio de excesiva amplitud que diera lugar a una publicidad universal del contenido de las actuaciones judiciales.

En la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 22 de mayo de 1996 se concreta el concepto de interesado “interesado”, señalando que únicamente se debe reconocer un interés legítimo cuando se acredita una conexión concreta con el objeto del proceso, siempre que no afecte a derechos fundamentales de las partes y teniendo presente que si la información es empleada para satisfacer los intereses de terceras personas, el interés se mantenga en el propio ámbito del ordenamiento jurídico.

La regulación del artículo 140.3 habilita al Juez para atribuir a los autos el carácter de reservado en los mismos supuestos que el artículo 138.2 LEC, con la diferencia que mientras en el artículo 138 LEC la limitación de información puede llegar a alcanzar a las partes, en el presente 140 LEC eso no es posible.

En cuanto a la regulación contenida en el artículo 141 LEC viene referida a la la publicidad de las actuaciones judiciales de procedimientos que no se hallen en tramitación por ya haber finalizado su trámite y a los libros y registros de trámite de asuntos judiciales. Se trata de una normativa que establece un acceso condicionado tanto por limitaciones de tipo objetivo, “que no tengan carácter reservado”, como de tipo subjetivo, “que acrediten un interés legítimo”. El Consejo General del Poder Judicial desarrollo esta cuestión en su Acuerdo de 6 de marzo de 1991, resolvió que en atención a los intereses en juego era necesario establecer una interpretación restrictiva del término “interesado”; y, en Acuerdo 12 de enero de 1994, abordó la cuestión del acceso de los medios de comunicación al texto de las sentencias.

El marco legal queda completado con el art. 141 bis que fue introducido por la Disposición Final 2ª 1 de la Ley 54/2007 que establece que en los supuestos de los art. 140 y 141 los Secretarios Judiciales al expedir copias, testimonios y certificaciones les corresponde velar por el derecho a la intimidad de las personas y el interés de lo menores deberán omitir los datos personales, imágenes, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificación.

Agosto 2010.

Pablo Vigo López (abogado).

Enviado el: 16/10/2010 11:35
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JUICIO MONITORIO (ART. 815.1 LEC) OPOSICIÓN DEMASIADO SUCINTA.
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JUICIO MONITORIO (ART. 815.1 LEC) OPOSICIÓN DEMASIADO SUCINTA.



La doctrina es prácticamente unánime en entender como insuficiente la actuación del deudor que manifiesta únicamente que se opone, sin más. El artículo 815.1 afirma que, en los casos que prevé, se requiera al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante este y «alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada». De este inciso final se colige que si el deudor se opone debe hacerlo alegando, aunque sea sucintamente, los motivos de la oposición. Si así no obrase es como si no se opusiere. o puede concedérsele validez a un escrito en que se limite a decir que se opone, pues el citado precepto exige algo más.
Parece claro que no basta con manifestar simplemente oposición al pago, pero ¿bastaría con decir me opongo al pago porque no se debe cantidad alguna?, pero sin poner de manifiesto en que razones concretas (pago, aplazamiento, condonación...) en las que nos apoyamos para justificar esa ausencia de débito.

Es una cuestión discutible y en apoyo a la tesis según la cual sería suficiente esa simple alegación de que no se debe cantidad alguna, paso a citar jurisprudencia que la avala:


AP Sevilla, Sec. 6.ª, 139/2007, de 17 de julio Recurso 3052/2007. Ponente: MARIA DEL CARMEN ABOLAFIA DE LLANOS. SP/AUTRJ/465257

“...SEGUNDO: El art. 818 de la L.E.C . que regula la oposicion del deudor, en el procedimiento monitorio, no exige una fundamentacion completa de los hechos, ni de las alegaciones juridicas, sólo señala que deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervencion fuese necesaria por razón de la cuantia.
La demandada, en su escrito de oposición, manifiesta "que no es deudora de cantidada alguna", respecto a la actora, con esta expresión, entendemos, que cumple con los requisitos formales de oposición a la reclamacion de la deuda, aunque de manera sucinta pero suficiente para que deba seguirse el procedimiento por los trámites legales, so pena de quebrantar derechos constitucionales tan fundamentales como los de defensa y tutela judicial efectiva...”


AP Valencia, Sec. 11.ª, 1/2003, de 8 de enero Recurso 744/2002. Ponente: JOSE ALFONSO AROLAS ROMERO. SP/AUTRJ/45092

“...SEGUNDO.- La cuestión procesal que se plantea en esta alzada radica en determinar si el escrito de oposición de las demandadas, datado el 7 de febrero de 2002, aunque presentado al día siguiente ( f109), reúne los requisitos exigidos en el art. 815.1 de la L.E.C. para tener por bien formulada la oposición. A tal efecto, se ha de significar que este precepto establece que " si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del art. 812 o constituyeren a juicio del tribunal, un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquella, se requerirá mediante providencia al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada". Por otra parte, se ha de reseñar que en el escrito de oposición se dijo sucintamente, de un lado, " que el título alegado de contrario adolece de los necesarios requisitos de procedibilidad" y, de otro," que mi mandante no es en deber suma alguna a la demandante". Con tales premisas, se ha de estimar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 26 de Marzo de 2002, pues, como ya tiene sentado esta sala en auto de 6 de Noviembre de 2002, si bien el art. 815.1 de la L.E.C exige, para poder seguir el trámite del art. 818.1 de la misma Ley, que el demandado comparezca y alegue de modo sucinto, en escrito de oposición, las razones por las que entiende no adeuda la cantidad reclamada, en el presente caso, es criterio de la Sala, que el escrito de la parte demandada cumplía con tales exigencias al mencionarse en el mismo que el título presentado por la peticionaria adolecía de requisitos formales y que, en cualquier caso, no se debía cantidad alguna, expresiones esta sucintas en las que se contienen las razones de su negativa al pago, que se entienden suficientes a los efectos de estimar admisible la oposición sin que se pueda equiparar la falta de expresión de las razones en que se pueda sustentar la oposición con una indicación mínima de las mismas pero admisible, cuando la ley solo exige la alegación sucinta de las razones de la oposición. Pero es que, además, abundando en la decisión a tomar, si hubiera duda sobre si el escrito de oposición reúne los requisitos que exige el art 815.1, siempre había que tener por formulada la oposición, so pena de quebrantar derechos constitucionales tan fundamentales como los de defensa y de tutela judicial efectiva...”


Entiendo que aunque el juez estimase como insuficiente la
oposición entendemos que es una solución más acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva que antes de tenerlo por conforme con la reclamación que se le conceda un plazo para subsanar su deficiente oposición, al amparo del art. 231 de la LEC que establece que “El Tribunal y el Secretario judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes”.


Agosto 2010.

Pablo Vigo López (abogado).



Enviado el: 14/10/2010 18:17
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CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES POR NEGOCIO JURÍDICO, EL CONSENTIMIENTO TÁCITO.
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CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES POR NEGOCIO JURÍDICO, EL CONSENTIMIENTO TÁCITO.



El Código Civil establece como uno de los supuestos de constitución de servidumbre su creación por negocio jurídico que expresa la voluntad de los interesados ya sea negocio jurídico inter vivos o mortis causa. Es lo que la ley denomina unas veces servidumbres constituidas por la voluntad los propietarios (art. 536 C.C) y otras llama adquirirlas en virtud de título (art. 537 C.C). Según consolidada jurisprudencia cuando la ley se refiere a título no se está refiriendo a documento sino a acto jurídico. A modo de ejemplo, el art. 82 de la Ley de Derecho Civil de Galicia de 2006 recoge expresamente el negocio jurídico como modo de constitución de la servidumbre de paso.

Se plantea un tema conflictivo cuando se atribuye el carácter de título al consentimiento tácito, que sería el que se produce cuando por hechos concluyentes o posesión prolongada. Es muchas veces difícil distinguir entre ese tipo de consentimiento tácito del supuesto de los actos meramente tolerados pero sin ánimo del propietario de consentir la constitución de una servidumbre. Esta incertidumbre choca con el principio de la seguridad jurídica y también con el principio jurídico de que la propiedad se presume libre de cargas.

El supuesto de constitución de la servidumbre por consentimiento tácito se recoge expresamente en el art. 87.2 de la Ley de Derecho Civil de Galicia de 2006 que refiriéndose a la servidumbre de paso dice:

“...La constitución inter vivos de la servidumbre de paso por negocio jurídico será válida cualquiera que sea la forma en que se realice, siempre que el propietario del predio sirviente prestara su consentimiento expresa o tácitamente y que su existencia pueda apreciarse derivada de actos o hechos concluyentes...”

Es un ejemplo de la aplicación de esta norma foral la siguiente sentencia:
AP Pontevedra, Sec. 3.ª, 442/2009, de 26 de noviembre
Recurso 341/2009. Ponente: JAIME ESAIN MANRESA.

“...TERCERO.- Revisada la prueba y atendidas las alegaciones de las partes en la alzada, procede ratificar también la operatividad de negocio jurídico no documentado como título adquisitivo de la servidumbre de paso analizado.
En interpretación jurisprudencial del art. 87.2 LDCG , se acepta la constitución voluntaria de la servidumbre de paso, admitiendo la validez de la establecida por negocio jurídico cualquiera que sea la forma en que se realice, incluso la tácita cuando su existencia pueda apreciarse derivada de actos o hechos concluyentes. Ello distinguiendo entre actos de tolerancia, de simple abandono o complacencia, vinculantes para su autor en virtud de los principios de confianza y buena fe para el tráfico jurídico, y en respeto de la doctrina de los actos propios. Atendiendo asimismo al inciso final del art. 82.2 LDCG queda reforzado más el contenido del acto o hecho concluyente frente al meramente tolerado que el nuevo precepto impone probar al dueño del predio sirviente, con lo que viene a establecerse la presunción de que un dilatado aprovechamiento temporal del paso no permite suponer que se trata de un acto meramente tolerado. Así lo sienta S. TSXG 2.12.2008, con cita de SS del mismo Tribunal dictadas el 2.1.2002 y 12.12.2007 , y SS. TS. 6.12.1985 y 24.2.1987 , todas ponderadas por SS. de esta Sección dictadas el 26.2.2007 y 15.9.2009 .
En este caso se demuestra una utilización del paso controvertido durante décadas y generaciones por diversos vecinos propietarios de la zona, para acceso a sus predios enclavados, que permite colegir la voluntad real y efectiva constitutiva, y la tácita aceptación y consentimiento del gravamen, lejos de la mera pasividad o tolerancia. Así, con independencia del firme alegato de las actoras en juicio -algunas octogenarias que dan detallada razón del uso del paso-, se comprueba que le demandada Violeta ya reconoció el 4.10.2006 en conciliación que "...suponen que deben un camino..., que los conciliantes se servían por su monte, por lo que le había dicho su padre..." (f.147), admitiendo indirectamente la codemandada Sra. Belen el 9.5.2006 "...cerró porque le cruzaba el monte de una parte a la otra..." (f.149).
En Sala no deja de reconocer dicha Sra. Belen que pasa por la finca de Felicisimo "toda la vida" para acceder a su monte, y que el camino se veía "trillado" de pasar, con huellas de paso de tractores. El codemandado Felicisimo explica que por su finca pasaban sin problemas, diciendo con toda expresividad "...se saía por onde se podía saír...". Y la hija del anterior, Violeta , al hilo de lo dicho en conciliación, reafirma la admisión paterna del derecho de paso y su efectivo ejercicio por las partes.
Sin entrar a valorar los testimonios tachados en juicio, el testigo Sr. Humberto , jornalero empleado en su día por Serafina , confirma asimismo la existencia del paso discutido.
La prueba pericial también avala la utilización tradicional y desde antiguo del camino en cuestión, truncado con el cierre instalado por la apelante. Convence al Tribunal la pericial del Sr. Mauricio que, después de ratificar informe obrante a fs. 20 ss., aclara y razona con detalle, motivación y exhaustividad en Sala, haciendo hincapié en la indiscutible existencia y funcionalidad del debatido paso, en franja ausente de vegetación y arbolado, que es respetado incluso por muretes de piedra delimitativos de fincas, según se aprecia en fotografías a f. 28. Frente a dicha prueba, decaerá la pericial del Sr. Humberto -documentada a fs. 189 ss.-, objeto de ratificación insegura en juicio, elaborada sobre la antes analizada, y no falta de contradicciones esenciales. Sirva como ejemplo que niegue evidentes signos de paso -reconocidos incluso por la parte proponente-, para terminar reconociendo la significativa interrupción de murete de piedras por el camino. Se considera irrelevante lo argumentado por la apelante sobre gavia o tocón, intrascendentes en ponderación conjunta del material probatorio. Y la reafirmación de la acción confesoria excluirá el enjuiciamiento sobre la acción constitutiva, planteada con carácter subsidiario...”


En el mismo sentido y aplicando el Código Civil la siguiente sentencia:

AP Badajoz, Sec. 2.ª, 397/2009, de 22 de diciembre
Recurso 606/2009. Ponente: FERNANDO PAUMARD COLLADO.


"...el demandado hubo de obtener el consentimiento del propietario del fondo colindante para ornamentar la parte externa del muro medianero;... que el consentimiento tuvo que ser prestado por el anterior propietario, lo que parece deducirse del simple hecho de su no oposición habida cuenta la notoriedad de la obra efectuada; concluyendo la sentencia, ese aludido fundamento de derecho segundo, con la expresión de que no cabía estimar la pretensión actora [en este primer punto del suplico] ya que, considerando que el demandado obtuvo el consentimiento, incluso tácito, del anterior medianero, no podemos revocar el acuerdo al que llegaron en su momento las personas a quienes correspondía decidir sobre la medianería..."

Frente a este tipo de sentencias podemos encontrar muchas otras que utilizan un criterio muy restrictivo a la hora de apreciar la existencia del consentimiento tácito, situación esta que como muchas otras en el mundo del derecho provoca una gran inseguridad jurídica, donde muchas veces el resultado final de un juicio es fruto del azar.


Agosto 2010.

Pablo Vigo López (abogado).

Enviado el: 14/10/2010 16:15
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PREJUDICIALIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIETARIOS
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PREJUDICIALIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIETARIOS.



Vamos a analizar el siguiente supuesto: La mercantil AAA interpone demanda de procedimiento ordinario contra la mercantil BBB solicitando que esta fuera condenada al pago de xxxxx euros en virtud de la cláusula penal aplicable a un incumplimiento contractual en un contrato de arrendamiento de servicios la demanda se turnó a favor de un Juzgado de 1ª Instancia.

Estando en tramitación el anterior proceso la mercantil AAA inicia uno nuevo ante un Juzgado de lo Mercantil contra los administradores de la mercantil BBB en el cual les reclaman la el pago de la misma cláusula penal por importe de xxxxx por entender que son responsables al hallarse incurso dentro de los supuestos de responsabilidad de los administradores societarios previstos en los artículos 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A la vista de lo expuesto se estima que resulta de aplicación el art. 43 de la LEC existiendo una cuestión prejudicial civil según la cual para resolver el objeto de juicio seguido contra los administradores será necesario decidir previamente si la mercantil BBB es deudora de la cantidad reclamada por la mercantil AAA, y para resolver sobre si tal deuda existe ya tenemos un procedimiento civil previamente iniciado que se sigue ante el Juzgado de 1ª Instancia.

Entendemos el presente caso no cabe la acumulación de autos que tendría que efectuarse según el art. 79 LEC ante el Juzgado de 1ª Instancia ya que conoce del juicio más antiguo, pero tal acumulación no sería posible porque el mismo carecer de competencia objetiva para conocer de procedimiento de responsabilidad de administradores sociales ya que la misma viene establecida con exclusividad a favor de los Juzgados de lo mercantil en el art. 86 ter 1. 6ª de la LOPJ. Si estuviésemos ante el caso contrario, y que el juicio más antiguo fuera el iniciado ante el Juzgado de lo Mercantil estimo que tampoco sería posible la acumulación puesto que los Juzgado de lo Mercantil tiene su competencia tasada a las materias que vienen enumeradas en el art. 86 ter de la LOPJ y entre ellas no viene relacionada la de resolver los litigios entre empresas mercantiles que no están en concurso sobre la aplicación o no de la cláusula penal de un contrato.

Al no ser posible por tanto la acumulación de juicios lo correcto en aplicación del art. 43 LEC será que se dicte auto por el cual se acordase la suspensión del segundo procedimiento hasta que finalice el procedimiento ordinario que se sigue ante el Juzgado de 1ª Instancia y tras el cual se sabrá si la deuda reclamada es debida o no. No tiene sentido seguir una acción de responsabilidad contra los administradores si luego resulta que aquel juzgado resuelve que la deuda que se les reclama no existe o que es inferior en importe. Pensemos en la paradoja que se produciría en el caso de no suspender el curso del presente juicio y siguieran dos juicios en paralelo en los que se resolvería sobre la existencia o no de la deuda reclamada por el actor, y que finalmente el juzgado núm. 1 decida que no existe deuda y el juzgado de lo mercantil que sí, o que ambos decidieran que sí existe pero en cuantías distintas, estaríamos ante una situación absurda jurídicamente.

Sobre esta cuestión pasamos a transcribir la jurisprudencia que hemos encontrado y que es favorable a la estimación de la suspensión del procedimiento por estimar la existencia de una cuestión prejudicial civil:

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª)
Auto núm. 141/2006 de 21 julio
JUR 2007\167638

“...4.- Competencia a los solos efectos prejudiciales.

Ahora bien, eso no significa que el Juzgado de lo Mercantil carezca de cualquier posibilidad de analizar si existe o no deuda por parte de la sociedad de la que el administrador o administradores demandados son, valga la redundancia, administradores societarios. Para condenar al administrador societario es necesario partir de que ha existido una deuda de la sociedad para con el acreedor demandante (puesto que tal deuda seria la "obligación social" que exige el art. 262-5 LSA [ RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206] y, en su caso, el "daño" que exige el art. 133 y siguientes LSA). Ello puede resultar de la existencia de una anterior resolución (una sentencia en un juicio declarativo, o un auto despachando ejecución dictado en relación a un proceso monitorio o cambiario en el que no haya existido oposición). Pero si tal resolución no existe (y si no existe un proceso en curso cuyo objeto principal es declarar la existencia de tal deuda respecto del que proceda acordar la suspensión por prejudicialidad civil conforme al art. 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), la posibilidad de que el Juzgado de lo Mercantil pueda conocer de esa cuestión deviene de la propia normativa societaria que exige dichos elementos como integrantes del supuesto de hecho de dichas normas societarias (dado que la competencia del Juzgado Mercantil se basaría en el art. 86.ter.2.a, que le atribuye competencia para conocer de "todas aquellas cuestiones que... se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles..."). El Juzgado de lo Mercantil no podrá condenar a la sociedad, pues carece de competencia objetiva para conocer, con plenitud de jurisdicción, de esa acción, pero sí puede conocer de esa cuestión a los meros efectos prejudiciales, a fin de poder determinar si existe el supuesto de hecho preciso para aplicar la norma societaria reguladora de la responsabilidad del administrador, como también puede conocer, a estos meros efectos prejudiciales, de cuestiones atribuidas a los tribunales de los órdenes Contencioso-Administrativo y social (art. 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para los procesos declarativos en general, y art. 9 de la Ley Concursal [ RCL 2003, 1748] , para los procesos concursales).

AP Madrid, sec. 28ª, Auto de Fecha 24-4-2008, nº 143/2008,


“PRIMERO.- La entidad actora, "ALTA GESTIÓN, S.A. E.T.T.", formuló demanda contra la mercantil "PEL A PHONE, S.A." en reclamación de 2.721,82 euros de principal, importe de los servicios prestados a la demandada y que no ha sido satisfecho, acumulando la acción de responsabilidad contra sus administradores, la mercantil "TELEFONÍA DEL MARENOSTRUM, S.L." y D. Juan Miguel, con fundamento tanto en el artículo 135 como en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades . (...)

...en cualquier caso, el hipotético conflicto por el paralelismo entre litigios no tiene que producirse necesariamente por cuanto depende del demandante decidir si considera preciso demandar también a la sociedad por la deuda contractual ante el Juez de Primera Instancia (donde existen además cauces ágiles para plantear tal reclamación, como ocurre, según los casos, con el juicio verbal, monitorio o cambiario, o para dejar constancia de si realmente existe polémica respecto a la deuda, para lo que puede emplearse el acto de conciliación); y si considerase imprescindible interponer tal demanda la coordinación entre los litigios y la coherencia en su resolución la garantizaría el efecto de la prejudicialidad civil previsto en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando interrumpida la prescripción cuatrienal del artículo 949 del Código de Comercio por haber ejercitado judicialmente la acción de responsabilidad (artículo 1973 del Código Civil) y sin perjuicio, además, de la posibilidad de solicitar, entre tanto, medidas cautelares si las circunstancias concretas lo revelasen como procedente.


Agosto 2010.

Pablo Vigo López (abogado).

Enviado el: 13/10/2010 11:41
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APERTURA DEL JUICIO ORAL A INSTANCIA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
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APERTURA DEL JUICIO ORAL A INSTANCIA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.


Pasamos a exponer tres sentencias que tratan esta materia, siendo la primera (Caso Botín) y la segunda las que sostienen la tesis de que en el procedimiento abreviado no puede abrirse el juicio oral solo a instancia de la acusación popular. En la tercera sentencia (Caso Atutxa) se sostiene la tesis contraria,considerando que se puede abrir el juicio oral aun cuando únicamente lo solicita la acusación popular.


TS Sala 2ª, S 17-12-2007, nº 1045/2007

El TS desestima los recursos de casación interpuestos por las acusaciones populares contra auto por el que se decretaba el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme a lo pedido por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Sostienen los recurrentes que el auto recurrido "equivale a la inmunidad de jurisdicción sin la menor apoyatura legal" y estiman que "en un verdadero Estado de Derecho no puede administrarse la justicia de manera dispar según el rango o poder de los inculpados". Asimismo, se alega en el recurso que el auto recurrido desconoce que el derecho de la acusación popular es un derecho fundamental, ejercitado en "paridad de armas con el Ministerio Fiscal", sólo supeditado a la presentación de la querella y la prestación de fianza, y que la legitimación de la parte que la ejerce no está limitada por el art. 782,1 LECr. Señala la Sala en su argumentación que el auto recurrido concreta la "ratio decisionis" en el "principio de legalidad en su vertiente procesal", entendiendo que "en el procedimiento abreviado no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular", para lo cual invocó el sentido literal del art. 782,1 LECr, en el que se dice que "si el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los arts. 637 y 641, lo acordará el juez". El sentido de la expresión "acusador particular", de acuerdo con el auto recurrido, se debe extraer de la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002 y del texto de la actual redacción del art. 782 LECr, en la que la expresión "acusación particular" se identifica con la de los "perjudicados por el delito". De allí infirió el Tribunal "a quo" que al haber sido solicitado el sobreseimiento por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, el juez de instrucción debía sobreseer la causa. Esa identificación, continúa el Alto Tribunal, surge también del texto del art. 782,2 LECr, por lo que las dudas que podría generar el valor interpretativo de la Exposición de Motivos carece de trascendencia. Consecuentemente, ni la ley aplicada ni la motivación del auto recurrido se fundamentan en el reconocimiento de ningún privilegio para las personas acusadas por la acusación particular.


TSJ País Vasco, sec. 1ª, A 15-1-2009, rec. 6/2006.

El Tribunal Superior de Justicia acuerda mediante auto el sobreseimiento de las actuaciones por falta de acusación legítima para el ejercicio de la acción penal, al haberla solicitado únicamente la acusación popular, y entenderse que en el procedimiento abreviado no puede abrirse el juicio oral solo a instancia de la acusación popular, a diferencia de lo que acontece en el momento procesal previo de instrucción, inicio con querella y otros, pues aquí en la preparación y juicio oral es necesario que lo inste, bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular. Tampoco se aprecia una vulneración de derechos fundamentales, por cuanto la acusación popular sí tiene acceso a la jurisdicción y puede satisfacer el resto de intervenciones, siendo una cuestión distinta la limitación que se preconiza y se refleja en este procedimiento abreviado, después de la instrucción y antes de la preparación y juicio oral.



TS Sala 2ª, S 8-4-2008, nº 54/2008, rec. 408/2007.

La defensa de la parte recurrida consideró imprescindible que, con carácter previo, esta Sala se pronunciara acerca de la influencia que, en el supuesto que es objeto de análisis, podría desplegar la doctrina sentada en la STS 1045/2007, 17 de diciembre. Así, continúa, de acuerdo con los argumentos esgrimidos en la vista -apoyados por el Ministerio Fiscal- la apertura del juicio oral acordada por el juez instructor, a instancia de la acción popular, podría implicar una vulneración del derecho de los recurridos a un proceso con todas las garantías, por lo que era necesario declarar la nulidad del auto del TSJ País Vasco en el que se declaró la apertura del juicio oral con el exclusivo respaldo de la petición de una acusación popular. Se pronuncia el TS a este respecto señalando que, el criterio de la legitimidad de la restricción fijada por el art. 782.1 LECr, no puede extenderse ahora, como pretenden la defensa de los recurridos y el Ministerio Fiscal, a supuestos distintos de aquellos que explican y justifican nuestra doctrina. Y continúa diciendo que el delito de desobediencia por el que se formuló acusación carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular. Entiende la Sala que el Fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública, de ahí la importancia de que, en relación con esa clase de delitos, la acción popular no conozca, en el juicio de acusación, restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal.

Febrero 2010.

Pablo Vigo López (abogado).


Enviado el: 12/10/2010 18:44
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RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL EN EL ÁMBITO DE LOS CENTROS ESCOLARES
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SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIA SOBRE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL EN EL ÁMBITO DE LOS CENTROS ESCOLARES:

STS 4-6-1999 (RJ 1999/4286), Sala de lo Civil, (periodo temporal y ambito físico al que se extiende la responsabilidad de los titulares del centro).

Supuesto fáctico: Niña que antes de entrar en el recinto escolar sufre lesiones al ser empujada por un compañero y tener que asirse a la cancilla de entrada en el recinto escolar, a la vez que un compañero cierra la cancilla y le causa daños por aplastamiento en la mano derecha.

La STS confirma absolución del titular del centro y estima que la responsabilidad de las personas y entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior que establece el artículo 1903, en su apartado quinto, por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad, se halla condicionada temporalmente en el sentido de que tales daños y perjuicios han de ser causados «durante los períodos de tiempo en que los mismos (los alumnos menores de edad) se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias», lo que encuentra su razón de ser en que, tratándose de una responsabilidad por culpa «in vigilando», las funciones de guarda y custodia sobre aquellos alumnos sólo se transfieren a los profesores o cuidadores del Centro desde el momento de la entrada en el mismo de los alumnos hasta su salida de él finalizada la jornada escolar. En el supuesto fáctico el accidente tiene lugar al acceder la menor al recinto exterior del colegio por una cancilla situada a unos veinte metros de la entrada principal del edificio en que se encuentran las aulas, por lo tanto todavía en el exterior del centro y cuando no existe una vigilancia por parte del profesorado y cuidadores.

STS 10-11-1990 (RJ 1990/8538), Sala de lo Civil, ( ambito físico y periodo temporal de responsabilidad) .

Supuesto fáctico: Poco después de terminar las clases y antes de las horas de comer, jugando en presencia de varios profesores en el patio de recreo, se lesionó el ojo izquierdo, al clavar en la tierra una vara con punta en sus extremos conocida con el nombre de "lima".

Según la STS confirmatoria de la dictada en apelación el deber de vigilancia sobre los alumnos, entre los que se encontraban algunos de corta edad (seis años) como el menor, no cesaba por el hecho de haber concluido las horas de clase estando los alumnos como estaban en una dependencia del Colegio esperando a acceder a los comedores del mismo, puesto que desde el momento en que los alumnos entran en las dependencias del colegio hasta que lo abandonan por haber concluido la actividad escolar del día quedan sujetos a la vigilancia de los profesores.

STS 29-12-1998 (RJ 1998/1230), Sala de lo Civil, (actividad extraescolar y/o complementaria).

Supuesto fáctico: Actividad complementaria de fiesta de fin de curso (con teatrín, payasos, merienda y suelta de un globo) organizada por APA y centro escolar, dentro del recinto escolar. Al manipularse el encendido del globo con alcohol, se inflama la garrafa que lo contenía y se provocan quemaduras a una menor. Se dirigió demanda contra el APA, el Centro y su aseguradora.

La STS estima dentro del ámbito de responsabilidad del Centro el supuesto fáctico según el cual se organizó una fiesta de fin de curso por la Asociación de Padres de Alumnos codemandada, en el local y con la autorización y colaboración del Colegio; a partir de las 17 horas y tras la finalización de las clases se permitió el acceso de los padres a las instalaciones escolares; b) no existió una salida colectiva del alumnado y nuevo ingreso (posterior en el tiempo) bajo custodia de los padres sino que sin solución de continuidad se integraron éstos en las actividades que iban a desarrollarse a continuación; c) no hubo por ello un cambio de guarda expreso sino una situación mixta de custodia de los menores para celebrar la fiesta de fin de curso en la que los maestros y guardadores estaban presentes y las religiosas actuaban como «anfitrionas» compartiendo los padres (o sus parientes, por delegación) pero no en exclusiva la vigilancia de los menores; d) la distribución de los espacios (teatrín y payasos) había sido dispuesta con anterioridad por la dirección, quien facilitó también el lugar para que las madres prepararan la merienda y aunque sólo 15 minutos antes de iniciarse la fiesta fue informada la directora de la intención de elevar globos lo que implica que los padres subordinaban la realización del acto a la autorización del centro, no se opuso a tal actividad adoptando una pasiva actitud ante el riesgo que podía suponer lo pedido, fácilmente imaginable ante la naturaleza de la actividad, la necesidad de espacio libre para su práctica (difícil en un patio con gran afluencia de público) y la corta edad de las criaturas; e) el centro escolar participaba activamente y en colaboración con la APA de la preparación, celebración, sentido y alcance de la fiesta; f) además era beneficiario el centro, del acto social, imprescindible para un correcto desarrollo de la tarea educativa y extremadamente útil para culminar una opinión positiva de los padres respecto a la dedicación educativa de la comunidad religiosa a los párvulos.

STS 31-10-1998 (RJ 1998/441), Sala de lo Civil, (actividad extraescolar y/o complementaria).

Supuesto fáctico: Niño de 4 años que en un excursión organizada por el colegio al zoo sufre lesiones al ser atacado por un león.

La STS considera dentro del ámbito de responsabilidad extracontractual del centro la actividad extraescolar o complementaria consistente en la visita de los alumnos de una clases a un parque zoológico acompañados por sus profesores.

STS 29-6-2000 (RJ 2000/8538), Sala de lo Civil, (actividad extraescolar y/o complementaria).

Supuesto fáctico: 1) Que el día 12 de noviembre de 1990, se produjo el accidente, que ocasionó el fallecimiento de la menor Melania A. B., de 4 años de edad, a resultas del marco de las actividades escolares programadas del Colegio Público al que asistía y en una salida educativa al campo reglada como una actividad complementaria, aprobada, al hacerse la programación anual del curso, en última instancia, por el Consejo Escolar del Centrol. La salida descrita con un grupo de 57 niños comprendidos en edades que oscilaban de los 3 a 5 años, que se realizó por una ruta que ya se había seguido en años anteriores. Una menor cae en un pozo, sin que antes de ese momento ninguno de los tres profesores se hubieran apercibido de que dos niñas se separasen del resto de los niños y que una de ellas se precipitase en el interior de un pozo.

La STS condena a los profesores por los referidos hechos teniendo en cuenta que se trata de una actividad extraescolar en la cual los niños habían quedado bajo su vigilancia.

STS 15-12-1994 (RJ 1994/9421), Sala de lo Civil (menor que abandona centro en horario lectivo sin autorización)

Supuesto fáctico: Un menor se se encontraba en las dependencias del Colegio Público San Francisco de la ciudad de Bilbao, donde cursaba sus estudios y al concluir las clases de la mañana abandonó las instalaciones escolares antes del horario establecido para la salida reglamentaria y reintegro de los alumnos a sus hogares familarea, fuera del colegio sufrió un accidente en montacargas de un edifico.

La STS estima el recurso y condena al centro pese que el accidente se produce fuera de horario escolar y del recinto del colegio por estimar que la conducta del personal del Colegio, claramente culposa, por omisión de no guardar y cuidar al alumnado interno y por acción de permitir su salida extemporánea, sin preocuparse si la llevaban a cabo sólo los que estaban autorizados para ello, integra actos iniciales decisivos, que si bien no provocaron directamente el suceso, ya que tuvo lugar en instalaciones distintas y no dependientes, sí lo favoreció con categoría de intensidad decisiva.

STS 10-3-1997 (RJ 1997/2483), Sala de lo Civil, (cuasi-objetivación de la culpa).

Supuesto fáctico: Niño de 6 años que encontrándose en el colegio en presencia de un profesor por otro niño que le introduce un lápiz en el ojo. Los padres reclaman civilmente contra el Centro.

La STS casa la sentencia de apelación y absuelve al centro, estableciendo una distinción entre las exigencias de culpabilidad antes de la reforma de 1.991 y tras esta. Según la Sal la nueva redacción del artículo 1903, establece una responsabilidad prácticamente objetiva, en cuanto señala que las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior, responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. Es decir, se soslaya prácticamente el elemento de culpabilidad. No obstante los hechos enjuiciados tuvieron lugar antes de la reforma. Hasta la reforma citada el criterio de la Sala había evolucionado en el sentido de objetivizar la responsabilidad extracontractual, pero esta evolución se hizo moderadamente, recomendando una inversión de la carga de la prueba y acentuando el rigor de la diligencia requerida, según las circunstancias del caso, de manera que ha de extremarse la prudencia para evitar el daño, pero sin erigir el riesgo en fundamento único de la obligación de resarcir y sin excluir, en todo caso y de modo absoluto, el clásico principio de la responsabilidad culposa.


STS 5-11-2004 (RJ 2004/6656), Sala de lo Civil, (cuasi-objetivación de la culpa).

Supuesto fáctico: Alumno de BUP de un Centro Escolar que durante el tiempo de ejercicio libre de deporte en clase de educación física, se cuelga del travesaño de la portería de futbito, balanceándose, portería que se le viene encima causándole daños en el rostro.

La STS confirma la sentencia condenatoria de la Audiencia a favor del menor y contra el titular del centro ( sentencia esta que había revocado la absolutoria en la instancia), y pone de manifiesto tendencia a la objetivación del tratamiento de la culpa y estima que la culpa exigida, conforme al art. 1902 se mueve en el ámbito cuasi-objetivo que impone extremar todas las precauciones y agotar los medios para evitar la concurrencia de aquellas circunstancias que cabe controlar y pueden generar daños efectivos.


STS 14-2-2000 (RJ 2000/675), Sala de lo Civil, (cuasi-objetivación de la culpa, falta de diligencia en las medidas de protección de la ventanas).

Supuesto fáctico: Niña de 12 años que se encuentra en clase de plástica sita en el 7º piso del colegio, se sube a su pupitre que se encuentra próximo a una ventana que abre y se lanza voluntariamente al vacio cayendo a una terraza y sufriendo graves lesiones. La ubicación de la ventana no cumplia la normativa administrativa sobre seguridad.

La STS confirma las dos sentencias previas que habían estimado parcialmente la demanda interpuesta contra el titular del centro y su aseguradora, y se parte del hecho probado de que las ventanas no se encontraban correctamente situadas ni protegidas por lo que resultaba fácil a los alumnos acceder a ellas desde los pupitres.
La sentencia recoge la evolución de la doctrina jurisprudencial de la culpa extracontractual hacia un sistema que sin eludir completamente el factor moral o psicológico y el juicio de valor sobre la conducta del agente, acepta soluciones cuasi-objetivas exigidas por el incremento de actividades peligrosas que van aparejadas al desarrollo de la técnica y al principio que quien se quien obtiene un provecho económico de una actividad debe cargar con la responsabilidad de indemnizar los daños a terceros. Considera también la sentencia que aunque la actuación del menor fue voluntaria (decidió lanzarse por la ventana) no se puede exigir a los menores el mismo grado de madurez en su actuar que a una persona adulta; y termina incidiendo en el matiz de culpa ya que si las ventanas hubiera estado dotadas de los debidos mecanismos de seguridad se hubiera evitado la caida, por lo que se aprecia una falta de diligencia en el centro escolar.


STS 30-12-1999 (RJ 2002/3094), Sala de lo Civil, (cuasi-objetivación de la culpa, concurrencia de culpas, falta de diligencia en las medidas de protección de balcones).

Supuesto fáctico: Niña de 13 años que en régimen de internado realiza un curso de francés impartado por una institución dependiente de la Administración. La menor intenta pasar a su habitación desde la de una compañera, de balcón a balcón, cayendo al vacio y falleciendo.

La STS confirma las sentencias previas que estimaron parcialmente la demanda formulada por los padres de la fallecida, estimando una concurrencia de culpas por entender que la menor dada su edad podía discernir el peligro de su actuación que se considera temeraria, pero a la vez se estima que la administración no adoptó las medidas de seguridad suficientes y necesarias para evitar el accidente dotando a los balcones de medidas (suplementos y enrejados en los laterales ) que impidieran accidentes como el ocurrido, máxime teniendo en cuenta que los usuarios eran personas jóvenes, proclives a afrontar peligros de modo irreflexivo. Considera también la sentencia que la producción del evento dañoso acredita por si solo la insuficiencia de la diligencia empleada, recayendo la prueba de la completa diligencia en la administración condenada.

STS 28-12-2002 (RJ 2002/3094), Sala de lo Civil, ( caso fortuito, existencia de diligencia por parte del Centro y por tanto inexistencia de culpa).

Supuesto fáctico: Alumnas que durante el recreo escolar juegan a la comba bajo la vigilancia de su profesora, una niña suelta la cuerda que impacta contra el ojo de una compañera que sufre lesiones en el mismo.

La STS confirma las sentencias absolutorias de instancia y apelación, desestimando por tanto la acción seguida contra los padres de la menor que soltó la cuerda, el titular del centro y su aseguradora. Considera la sentencia que no cabe atribuir al centro escolar una culpabilidad omisiva ya que tenía el recreo vigilado por una profesora, que fue la que atendió en un primer momento a la menor lesionada, además el accidente se produce cuando las niñas practicaban un juego sin riesgo y de general uso entre las niñas de esa edad, por lo que no se puede apreciar una actitud omisiva y de falta de diligencia en la profesora.

STS 27-9-2001 (RJ 2001/8155), Sala de lo Civil, ( caso fortuito, existencia de diligencia por parte del Centro y por tanto inexistencia de culpa).

Supuesto fáctico: 120 niños que se encuentran dentro del centro escolar, bajo la supervisión de 2 personas no docentes, en un recinto cerrado por estar lloviendo y a la espera de que abran el comedor. Un grupo de niños jugaba al juego del tren chu-chu en fila, la cual se desploma y una niña que forma parte de la fila sufre lesiones en un brazo.

La STS confirma las sentencias absolutorias de instancia y apelación estimando que se trató de un caso fortuito, considerando que los niños no puede estar sometidos a una absoluta inactividad desde un temor ajeno a la posibilidad de un evento dañoso, ellos privaría a los niños de que se les proporcione la formación que le es debida para su normal desenvolvimiento según su edad que les permita adquirir la confianza que deben alcanzar en su relación de ocio con otros niños, en un lugar y ambiente adecuados, sin que la actividad realizada (juego del tren chu-chu) se pueda considerar una actividad violenta o peligrosa.

STS 24-7-2001 (EDJ 1997/5384), Sala de lo Contencioso-Administrativo, (caso fortuito, ausencia de nexo causal, responsabilidad de la Administración).

Supuesto fáctico: Niño de ocho años que está jugando a fútbol en el recreo de un colegio público, recibiendo una patada de otro niño en un lance fortuito del juego, perdiendo el ojo.

La STS casa una sentencia de la Audiencia Nacional y entiende que el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige un daño individualizado y evaluable, y que se consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa a la que se achaca el daño y el resultado lesivo, erigiéndose este nexo causal en elemento fundamental y requisito inexcusable para que puede declararse la responsabilidad patrimonial. Considera la sentencia que no existió falta de diligencia en el centro docente y que la lesión no fue consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos docentes, sin existir una falta del debido control por el profesorado.


STS 18-9-1999 (RJ 1999/7615), Sala de lo Civil, ( no existe caso fortuito, falta diligencia y culpa de profesores y Centro).

Supuesto fáctico: niños jugando en situación de internamiento temporal (colonias de verano) jugando con palos en el patio de un centro público, con el resultado lesivo de que un palo golpea a un niño de 7 años que pierde el ojo.

La STS estima que el resultado dañoso no se produce por caso fortuito, que exigiría para ser apreciado una situación de imprevisibilidad o inevitabilidad del resultado, sin existir por tanto culpa. En el supuesto de hecho los niños practicaban un juego peligroso y el daño era previsible. Existió culpa por parte de los profesores o cuidadores que pudieron y debieron impedir el juego peligroso. Y existió también culpa en la Administración titular del Centro como culpa in vigilando, in eligendo y también in omitendo. La situación especifíca de internamiento de los menores y su número exigía una mayor intensidad en la vigilancia y cuidado de la prestada.

STS 22-12-1999 (RJ 1999/9487), Sala de lo Civil, ( falta diligencia y culpa de profesora).

Supuesto fáctico: Clase de gimnasia bajo la dirección de la profesora de gimnasia, accidente que sufre un niño de 15 años como consecuencia de un ejercicio de salto sobre un trampolín elástico, se produce un desequilibrio en el aire y el niño cae mal sufriendo graves lesiones y secuelas.

La STS entiende que la producción del accidente se debió a no haberse observado por la profesora que ordenaba y dirigía el ejercicio la diligencia media que le era exigible, dado que no adoptó las medidas de precaución y seguridad que la prudencia imponía en atención a un riesgo previsible en relación con la naturaleza de la actividad y las demás circunstancias concurrentes, obrando con evidente descuido y exceso de confianza, sin dar la debida consideración al peligro que entrañaba la clase de educación física que había mandado efectuar a los alumnos, riesgo que por su preparación y titulación no le era ajeno. Estima la Sala que es de clara aplicación el precepto del art. 1902 del Código Civil, por concurrir la actuación culposa, el daño y la relación de causalidad entre ambos, debiendo advertirse, por un lado, que la apreciación culposa se fundamenta en una estimación subjetiva pura, sin que sea preciso en el caso acudir a ninguno de los expedientes que admite la Jurisprudencia en orden al acogimiento de la responsabilidad cuasi-objetiva; y por otro lado, que de lo actuado no resulta la incidencia en la gravedad del resultado dañoso producido de ninguna otra causa concomitante o sucesiva.

STS 31-10-1998 (RJ 1998/441), Sala de lo Civil, ( falta diligencia y culpa de profesora, concurrencia de culpas con el zoo).

Supuesto fáctico: Niño de 4 años que en una excursión organizada por el colegio al zoo sufre lesiones al ser atacado por un león.

La STS casa la de la Audiencia y estima la responsabilidad del centro escolar (en concurrencia con el parque zoológico) partiendo de los siguientes argumentos: a) Que el niño atacado por el león tenía cuatro años y medio, b) Que cuando se visita un parque zoológico con fieras expuestas, hay que tener o desarrollar un «plus» de atención y cuidado, c) Que lo anterior se acrecienta cuando la visita al «zoo» fue organizada con un grupo de niños por un Colegio del cual eran alumnos, bajo la vigilancia de profesores o cuidadores, y d) Que dicho niño lesionado estuvo totalmente descontrolado por parte de los profesores cuando ocurrió el accidente. De todo lo cual se infiere la clara culpabilidad extracontractual del Colegio en cuestión, pues aparte de que con arreglo a la doctrina de la inversión de la carga de la prueba, la entidad acusada de culpabilidad, no ha logrado o conseguido demostrar la existencia de una diligencia por su parte para evitar el accidente; de los antedichos datos se infiere nítidamente una falta en el control y vigilancia del menor -omisión ilícita- que fue una de las causas productoras del accidente, sin perjuicio de la concurrencia de la responsabilidad de la dirección del parque zoológico, ya delimitada penalmente.


STS 10-10-1995 (RJ 1995/7186), Sala de lo Civil, ( falta diligencia en el mantenimiento de instalaciones escolares, culpa).

Supuesto fáctico: Menor que en horario de recreo de su centro escolar se cuelga de una canasta de baloncesto que se rompe y el menor sufre lesiones.

La STS casa la sentencia desestimatoria de la reclamación civil condenando al centro, estimando que la culpa extracontractual no consiste en la omisión de normas inexcusables, sino en el actuar no ajustado a la diligencia exigible según las circunstancias del caso concreto, de las personas, tiempo, lugar, y es indudable que las concurrentes en un Colegio para niños de corta edad -el fallecido, de nueve años- exigen una máxima diligencia en evitación de los daños que éstos puedan sufrir incluso a consecuencia de conductas propias de la infancia y, por lo mismo, quizá imprudentes. En el caso, la ausencia de aquella diligencia se pone de manifiesto si se observa, con un mínimo rigor, que no existía un control efectivo del acceso de los alumnos, durante el recreo, al «patio de abajo», ni una vigilancia suficiente de sus juegos en el mismo y que se mantuvo en este patio un armazón metálico inútil para su finalidad originaria como canasta de baloncesto, en el que los niños solían colgarse usándolo a modo de columpio con el consiguiente peligro. Consecuentemente, ha de apreciarse negligencia en la Directora del Colegio al dar lugar a la situación desencadenante del accidente, que no se hubiera producido de haberse retirado el armazón, como era lo procedente al devenir inútil para su finalidad (el baloncesto), y tampoco haber adoptado medida alguna para evitar su mal uso por los niños, circunstancia que debía ser conocida por los encargados de vigilar sus juegos, salvo que se admite una considerable desatención de los mismos


STS 10-11-1990 (RJ 1990/8538), Sala de lo Civil, ( falta diligencia y culpa de profesores).

Supuesto fáctico: Poco después de terminar las clases y antes de las horas de comer, jugando en presencia de varios profesores en el patio de recreo, se lesionó el ojo izquierdo, al clavar en la tierra una vara con punta en sus extremos conocida con el nombre de "lima".

Según la STS confirmatoria de la dictada en apelación la actuación de los profesores del Colegio presentes en el patio donde se encontraban los alumnos, pone de manifiesto que aquéllos no observaron la diligencia precisa y exigible en el cumplimiento de su deber de vigilancia de los alumnos a ellos confiados al no advertir la práctica por el menor lesionado de un juego peligroso que, como dice la sentencia recurrida, «debería haber sido prohibido incluso por el profesorado presente en la hora del recreo» y tal deber de vigilancia sobre los alumnos, entre los que se encontraban algunos de corta edad (seis años) como el menor, no cesaba por el hecho de haber concluido las horas de clase estando los alumnos como estaban en una dependencia del Colegio esperando a acceder a los comedores del mismo, puesto que desde el momento en que los alumnos entran en las dependencias del colegio hasta que lo abandonan por haber concluido la actividad escolar del día quedan sujetos a la vigilancia de los profesores; Hubo, por tanto, una conducta culposa en los profesores del colegio, culpa «in vigilando».

STS 28-12-2002 (RJ 2002/3094), Sala de lo Civil, ( caso fortuito, inversión de la carga de la prueba).

Supuesto fáctico: Alumnas que durante el recreo escolar juegan a la comba bajo la vigilancia de su profesora, una niña suelta la cuerda que impacta contra el ojo de una compañera que sufre lesiones en el mismo.

Según la STS en esta materia es de aplicación la doctrina progresiva consistente en recaer la carga de la prueba de la culpa en vez de en los demandantes (padres del menor lesionado) en los demandados (Centro Escolar), inversión de la carga de la prueba, que en este caso, los demandados han acreditado que obraron con la debida diligencia, y el accidente se debió a caso fortuito, por la falta de previsibilidad de un resultado como el que se produjo.


STS 29-12-1998 (RJ 1998/1230), Sala de lo Civil, (el daño moral).

Supuesto fáctico: Actividad complementaria de fiesta de fin de curso (con teatrín, payasos, merienda y suelta de un globo) organizada por APA y centro escolar, dentro del recinto escolar. Al manipularse el encendido del globo con alcohol, se inflama la garrafa que lo contenía y se provocan quemaduras a una menor. Se dirigió demanda contra el APA, el Centro y su aseguradora.

La STS estima el recurso de casación en cuanto admite que son indemnizables los daños morales sufridos por la menor lesionada (no así los daños morales de los padres de la lesionada) puesto que considera que dentro de los perjuicios indemnizables se encuentra el daño moral sufrido el daño moral afecta a intereses espirituales del ser humano que son atacados; puede ser directo o, más frecuentemente indirecto, que es el sufrido a consecuencia de un daño personal: el atentado a la integridad física no sólo produce daños directamente, sino también un indudable daño moral, el «pretium doloris» que debe ser resarcido y no cabe mantener que la indemnización no puede saciar los sentimientos del dolor (lo que es cierto) por lo que no cabe indemnizar (lo que no es cierto) sino que la indemnización valora económicamente y sin duda parcialmente este daño moral, es el llamado en la doctrina alemana el «dinero del dolor».

marzo 2010.

Pablo Vigo López (abogado).

Enviado el: 11/10/2010 17:03
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DIVISIÓN DE HERENCIA DE UN CONYUGE PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN SOCIEDAD GANANCIALES
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División de la herencia de uno de los cónyuges pendiente de liquidación del régimen económico matrimonial.

En el caso de matrimonios sometidos al régimen de la sociedad legal de gananciales, la muerte de cualquiera de los cónyuges produce la disolución de dicho régimen económico matrimonial (arts. 1.392.1 y 85 del Código Civil). Surge así una comunidad posganancial entre el cónyuge supérstite y los herederos del cónyuge premuerto, en la cual cada comunero ostenta una cuota abstracta sobre el tótum ganancial, pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes que integran dicho patrimonio
Por otro lado, toda partición hereditaria requiere, como presupuesto o elemento esencial, la determinación del patrimonio hereditario del causante a los efectos de conocer los bienes de su titularidad susceptibles de ser transmitidos y repartidos entre sus herederos, pero para ello es inexcusable previamente proceder a la liquidación del régimen económico matrimonial del causante En los arts. 806 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se regula específicamente el denominado procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial. Por otra parte, en la LEC subsiste un procedimiento de división judicial de patrimonios (art. 782 y ss.). Se plantea el problema de sí procede dentro del juicio divisorio hereditario efectuar previamente la liquidación del régimen económico matrimonial del causante, o por el contrario son procedimientos distintos con materias específicas y han de tramitarse no sólo separadamente, sino uno con carácter previo al otro.

Sobre esta cuestión encontramos dos líneas doctrinales y jurisprudenciales:

1ª.- Los que admiten que se acumulen en el procedimiento de división de herencia la previa liquidación de la sociedad de gananciales:
P
or quienes sustentan este criterio se considera que la división de la herencia derivada del fallecimiento de uno de los cónyuges, sin haberse practicado previamente la liquidación de la sociedad ganancial, resultaría inútil ya que no podría adjudicar bienes gananciales concretos, sólo serían objeto de adjudicación los privativos del causante. Sin embargo, para esta línea doctrinal nada impide, sin embargo, que ambas operaciones divisorias (liquidación de gananciales y división de herencia) se realicen de modo simultáneo y, de ser necesaria la intervención judicial, en el mismo procedimiento, en el que se podrán acumular las pertinentes acciones, de conformidad con las previsiones que, para la partición hereditaria, se contienen en los arts. 782 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los que se remite, respecto de liquidación de la sociedad económico-matrimonial, el art. 810.

En este sentido la SAP de Burgos, Sección 3.ª, de 15 de julio de 2005, nos dice:

"Sobre la necesidad de liquidar previamente la sociedad de gananciales del causante antes de poder partir la herencia de este entre sus herederos, hay que decir que este tribunal no ve inconveniente en que se acumulen en un mismo juicio las dos liquidaciones por tratarse en definitiva de dos divisiones de patrimonios a los que están llamados las mismas partes. Ésta es también la opinión de la Sección 2.ª de esta Audiencia en AA de 6 de octubre de 2003 y 28 de octubre de 2004".

2ª.- Los que entienden que no es admisible la acumulación debiendo liquidarse previamente la sociedad de gananciales para luego poder llevar a cabo la división de herencia.

Según los partidarios de esta tesis desde el momento del fallecimiento tanto el cónyuge supérstite como los herederos del difunto tienen derecho a ejercitar las acciones previstas para que sus derechos sobre el consorcio conyugal y sobre la herencia, que no recaen sobre bienes concretos sino sobre cuotas del conjunto, puedan especificarse en la propiedad de bienes y derechos concretos. Fallecido uno de los cónyuges, la herencia estará integrada por los bienes privativos del difunto, más la cuota que ostentaba sobre la comunidad posganancial. Como la comunidad posganancial surgida tras disolverse la sociedad de gananciales es una comunidad especial, en la que los titulares no ostentan cuotas concretas sobre cada uno de los bienes, sino sobre el conjunto (sistema de propiedad germánica), hasta que no se realice la liquidación de la sociedad de gananciales no será posible conocer qué bienes pertenecerán al cónyuge viudo y cuáles integran la cuota del difunto que pasará a formar parte de la herencia. Se desconoce incluso si finalmente habrá o no bienes adjudicables al difunto que puedan ingresar en la herencia, dado que las operaciones de liquidación de la sociedad de gananciales han de concluir con los reembolsos entre cónyuges por las deudas que puedan existir entre ellos, que con arreglo a lo previsto en el art. 1.405 CC han de abonarse con los bienes comunes. En definitiva, sólo al término de la liquidación de la sociedad de gananciales y una vez adjudicados los bienes concretos que componen la mitad del activo neto del cónyuge supérstite, la otra mitad podrá ser adjudicada a la herencia del difunto, pudiendo iniciarse las operaciones para la partición de la herencia.

Se sigue este criterio entre otras, en la sentencia de la AP Pontevedra, Sec. 1.ª, 371/2009, de 22 de julio Recurso 398/2009, que nos dice:

”...De ahí que, hasta que se practique la liquidación de la sociedad de gananciales, se desconoce qué bienes son adjudicados a uno o a otro cónyuge, y en consecuencia, si le pertenecen o no con carácter exclusivo y, por ende, forman parte o no de su herencia...
La división de sus respectivas herencias exige que, previamente, se liquide la sociedad de gananciales disuelta en el año 198o. De este modo, una vez conocidos los bienes "privativos" de cada cónyuge, integrados por los adjudicados en aquella liquidación y, en el caso de la esposa del causante, los adquiridos con posterioridad que subsistieran a la fecha de su fallecimiento, se puede proceder a inventariar los bienes que integran el patrimonio de cada causante. Sin aquel paso previo -liquidación de la sociedad de gananciales- no será posible avanzar hasta el siguiente.
Pues bien, la vía procesal adecuada para esa liquidación previa de la sociedad de gananciales es la prevista en los arts. 806 y ss. LEC , que regula específicamente el "procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial...".


Junio 2010.

Pablo Vigo López (abogado).

Enviado el: 11/10/2010 16:10
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LOS PLANES DE PENSIONES Y LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL
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LOS PLANES DE PENSIONES Y LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.


Como punto de partida podemos definir el plan de pensiones como un sistema de ahorro, mediante el cual una persona va ingresando periódicamente cantidades a un fondo, recibiendo al final las cantidades aportadas más los beneficios que ha generado esta cantidad tras su inversión por la Entidad Gestora del plan.

Se tendrá que distinguir:

- Si el régimen económico matrimonial es de separación de bienes según el art. 1.437 C.C., que el régimen del plan de pensiones es privativo de su titular, sin tener que hacer reintegración alguno al cónyuge, salvo pacto especifico en otro sentido.

- Si en cambio el régimen económico es el de la sociedad de gananciales se aplican los arts.1.352, 1.354, 1.358, 1.397.3 C.C., y por tanto la calificación de los planes de pensiones es la de bien privativo de su titular o beneficiario, pero con la salvedad de que el cónyuge beneficiario del plan debe de reintegrar, en la liquidación del régimen ganancial, al patrimonio ganancial, las cantidades aportadas con fondos procedentes de su trabajo o de su actividad empresarial, pues el trabajo o actividad tiene el carácter de ganancial (art. 1.347 C.C.) y por tanto, salvo que se acredite que las aportaciones al plan se hicieron con dinero como privativo del cónyuge aportarte. Ahora bien, aunque el dinero aportado al plan de pensiones fuera ganancial , la titularidad del mismo, según viene configurado el propio plan, ha de ser, necesariamente individual, pero no cabe la titularidad compartida, dado que los eventos que determinarán su pago, jubilación, muerte, incapacidad, desempleo, siempre han de referirse a una sola persona; lo que lleva a la conclusión que aunque las aportaciones se hagan con dinero ganancial, la titularidad del plan ha de considerarse privativa de cada uno de los esposos.

Fijada la necesidad de reembolso, pues nos hallamos ante un crédito de la sociedad de gananciales, hemos de precisar el importe del mismo. Según el artículo 1.397.3 del Código Civil, el activo ha de comprender el importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran a cargo de uno sólo de los cónyuges, lo que implica que el cómputo ha de hacerse tanto del principal como de sus intereses. E igualmente deben incluirse en el activo de la sociedad las rentas o beneficios que este capital haya proporcionado (artículo 1.347.2).

Un supuesto, concreto que ha generado dudas es el caso de que los fondos del Plan de Pensiones sean abonados directamente por la Empresa para la que trabaja el beneficiario, se cuestiona sí tales aportaciones deben entenderse como salario y por tanto dar lugar al reembolso a favor de la sociedad de gananciales o no se estima como salario y por tanto tienen una naturaleza privativa y no reembolsable; sobre esta cuestión se pronuncia la STS de 27-2-2009 que estiman que no deben considerarse como salario:

“...La doctrina ha discutido acerca de la naturaleza de las aportaciones que los empresarios efectúan a los Planes de pensiones del sistema de empleo y más en concreto, se puede plantear la cuestión de si constituyen o no prestaciones que deban tener la consideración de salario. Si se optara por la afirmativa, las aportaciones al Plan de pensiones efectuadas por el empresario del hoy recurrente deberían ser considerados como bienes gananciales, mientras que si se opta por la otra alternativa, al no pertenecer al salario, deben quedar excluidos de tal condición.
La primera nota que distingue los Planes de pensiones de los salarios está en que si bien se trata de una prestación económica a favor del trabajador, no produce un incremento de su patrimonio, sino que pasan a formar parte de un Fondo de pensiones que será gestionado por un tercero, de manera que los partícipes no tienen ningún control sobre las cantidades integradas en el correspondiente Fondo. En el caso concreto que se discute en este recurso, D. Lucio sólo podía obtener los beneficios del Plan de pensiones si se cumplían los condicionantes previstos, que eran la jubilación del partícipe, la invalidez absoluta y permanente, la viudedad y la orfandad y que mientras estas contingencias no se produjeran, no tenía ningún derecho a obtener ninguna cantidad. Además, el Plan de pensiones tenía la naturaleza de Plan del sistema de empleo en el que el promotor, la empresa IBERCAJA, efectuaba la totalidad de las aportaciones; por ello debe concluirse que no entra dentro de las prestaciones salariales que deban tener la naturaleza de bienes gananciales.
A la misma conclusión han llegado las sentencias de esta Sala relativas a la naturaleza de la pensión de jubilación, derecho análogo al Plan de pensiones, ya que la finalidad principal del contratado por el empleador del recurrente, tenía la función de completar sus pensiones de jubilación. La sentencia de 20 diciembre 2003 resolvió un motivo planteado sobre la pensión de jubilación, en el que la recurrente consideraba que dicha pensión debería tener carácter ganancial por el "hecho de que la misma surja de la cotización a la Seguridad social durante el tiempo legal, pues esta cotización se realiza con dinero ganancial"; la sentencia desestima el motivo porque "la pensión de jubilación controvertida corresponde exclusivamente al esposo de la demandada, que la generó con su actividad laboral, y su nacimiento y su extinción dependen de vicisitudes estrictamente personales del mismo (el hecho de su jubilación, en cuanto al primero, y el de su eventual fallecimiento, en cuanto al segundo)". Así mismo, la sentencia de 20 diciembre 2004 consideró que no es ganancial la pensión del marido "ya que se trata de un derecho personal del trabajador al que no le es aplicable el artículo 1358.
Pues bien, siendo la función del Plan de pensiones, cuya ganancialidad se discute en este recurso, la de completar las pensiones de jubilación a que tendría derecho el partícipe/trabajador, D. Lucio en el momento de su retiro, debe considerarse que no forma parte de los bienes gananciales por las mismas razones que esta Sala ha expresado en relación a la pensión de jubilación ...”


Marzo 2010.

Pablo Vigo López (abogado).

Enviado el: 11/10/2010 10:08
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